La Locura y la Verdura

Este artículo se corresponde con las conclusiones de uno de los últimos libros elaborados por el Servicio de Estudios Agroalimentarios de Cajamar Caja Rural. Por tanto, la autoría se reparte entre Ana Cabrera, Roberto García y el que normalmente suscribe este Blog. Si el lector desea profundizar, el libro está disponible para descarga AQUÏ.

El sector agroalimentario juega un papel muy importante en la sociedad andaluza, tanto desde el punto de vista económico, como social y territorial. El valor añadido bruto generado por las actividades agrarias y agroindustriales supera los 9.400 millones de euros, y da empleo a unas 270.000 personas. Además presenta un saldo exterior muy favorable, con un superávit comercial de más de 4.000 millones de euros.

Andalucía es la primera región agraria de España, aportando casi el 24 % del total nacional, sin embargo, su peso en la industria de alimentación y bebidas se reduce hasta el 13 %, situándose a una considerable distancia de Cataluña. En este sentido, la incorporación de valor añadido a las producciones agrarias de la región sigue siendo el gran reto regional.

En Europa, las cooperativas juegan un papel fundamental en el sector agroalimentario, con una notable participación en el mercado para la mayoría de los sectores y países de la Unión. Ahora bien, si se compara la situación del cooperativismo agrario español con el resto de países del continente, se observa que los ratios económicos (facturación media por cooperativa y socio) en nuestro país son sensiblemente inferiores a la media europea, aunque el número de socios por cooperativa sea mayor en España.

Obtener una mayor dimensión se ha vuelto prioritario para abordar procesos de transformación de los productos agrarios, alcanzar economías de escala, mejorar el poder de negociación en la cadena de suministro e iniciar procesos de internacionalización o de I+D+i. La forma de hacerlo es muy variada: fusiones, adquisiciones, integraciones en estructuras de superior grado, o simplemente con alianzas comerciales. Para alcanzar unos niveles adecuados de competitividad se está produciendo también un cambio en el enfoque empresarial, estando más  centrado en el mercado.

En Andalucía las cooperativas agrarias son más pequeñas que la media nacional, aunque 3 de las 10 que más facturan en España son andaluzas. El sector ha experimentado una notable mejora en la última década, encontrándonos hoy con empresas más modernas y adaptadas a la situación de mercado. No obstante, aún han de hacer frente a retos relacionados con un mayor crecimiento empresarial, con la mayor incorporación de valor y con la internacionalización.

La industria agroalimentaria ha mantenido en Europa un peso muy relevante, tanto en el conjunto de la Unión como en cada uno de sus estados miembros. En 2011 suponía el 12,3 % del total de las manufacturas aunque en algunas de las principales economías, como Reino Unido, Francia, España o los Países Bajos, el porcentaje era notablemente superior. Concretamente, en el caso de España del 18 %. Es también la rama industrial que más trabajo genera (algo más de 4,2 millones de empleos) y que más valor añadido aporta con 204.000 millones de euros (el 12,8 % del total de las manufacturas) aunque está por debajo de la media en lo que a productividad se refiere.

La industria de los alimentos ha pasado en las últimas décadas de comandar la cadena de valor a ver cómo la distribución moderna le superaba, lo que ha exacerbado las tensiones favorables a la globalización y el crecimiento corporativo.

En España se está produciendo una intensa reducción del número de empresas de la industria alimentaria y un aumento de la dimensión media de las mismas, aunque aún siguen siendo muchas. De hecho, España es el país de la Unión con mayor número de empresas en este sector: en torno a 30.000, pero sólo somos el tercero en cuanto a generación de valor añadido. La clave es la productividad, que en nuestro caso apenas es superior a la media de la Unión y está muy por debajo de países como Bélgica, Irlanda, Países Bajos o Reino Unido.

Las particularidades de Andalucía en el campo industrial vienen definidas por las especializaciones agrarias de la Comunidad. Así, en términos de facturación el principal subsector de la misma es el de aceites y grasas, que en 2011 ingresó 4.689 millones de euros.

La Distribución Moderna se caracteriza por aprovechar las diversas ventajas que le proporciona el profundo conocimiento del comportamiento y los gustos de los consumidores, su volumen de compras, la utilización intensiva de tecnologías de la información y los mecanismos que la Globalización ha puesto a su alcance. Así, muchas de estas empresas son grandes multinacionales multiformato, combinando la gran superficie clásica, el discount, los supermercados y las tiendas de conveniencia. No obstante, en varios países existen también “campeones nacionales” que aprovechan una mayor cercanía y conocimiento del mercado local para competir con las cadenas globales, tal y como sucede con Mercadona o Eroski en España.

Ha sido este el segmento de la cadena que se ha comportado de forma más exitosa. Desde el punto de vista del consumidor han producido numerosas ganancias de bienestar (mayor disponibilidad de producto a un precio menor, horarios adaptados, disponibilidad de aparcamientos, etc.).

Como se ha señalado, la irrupción de esta moderna distribución ha supuesto un cambio importante en el status quo de la cadena, con algunas características que seguramente se prolongarán durante los próximos años: reducción del número de empresas y diversificación en términos de formatos comerciales y de mercados nacionales, concentración creciente de las ventas, fuerte presencia de la marca del distribuidor (MDD), e intensificación de las estrategias de conocimiento del consumidor. Por otro lado, la creciente globalización de las cadenas de suministro y la propia competencia del mercado están dando lugar a nuevas formas de competición en la que los miembros de una cadena de suministros cooperan entre sí para enfrentarse a cadenas alternativas.

En España, el formato comercial que más éxito ha cosechado es el de los supermercados, que en 2011 tenían una cuota de mercado del 42%, casi 11 puntos porcentuales más que 10 años antes.

Entre los cambios más importantes habidos en la sociedad occidental y que tienen una clara influencia sobre la forma en la que se compran y consumen los alimentos, podemos señalar los siguientes: la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, el incremento de la población inmigrante, el envejecimiento de la población, la disminución del tamaño de los hogares, la concentración de la población en las zonas urbanas, y la disminución del porcentaje de los ingresos dedicado a la alimentación. También hay que resaltar la mayor sensibilidad de la demanda hacia la variable precio, lo que ha favorecido sobremanera la expansión de la MDD.

En 2012 los españoles gastamos 100.000 millones de euros en alimentos. De esa cantidad, dos tercios correspondieron al consumo en el hogar y el tercio restante fue consumo extradoméstico, frenándose la tendencia de crecimiento de este último.

Respecto a la evolución de las exportaciones de alimentos en Andalucía, esta ha sido muy favorable, con incrementos de entre el 6 y el 12 por ciento en los tres últimos ejercicios. El saldo de la balanza comercial ha sido positivo en más de 4.000 millones de euros y se ha logrado alcanzar una tasa de cobertura del 252 %. La participación de la agroalimentación andaluza en las exportaciones españolas fue en 2012 del 20 %, superando los 6.900 millones de euros. Las hortalizas frescas, los aceites y las frutas frescas representan el 71,5 % de los alimentos exportados en Andalucía.

En un momento en el que se está negociando la reforma de la PAC hay que resaltar la importancia que la misma tiene para la Comunidad. Durante los últimos años los ingresos recibidos desde Europa por este concepto han sido de 1.900 millones de euros anuales, distribuidos entre más de 275.000 beneficiarios, lo que supone un ingreso medio por perceptor de ayudas de 6.000 euros, cifra ligeramente inferior a la media nacional (6.364 euros). Territorialmente, las ayudas se concentran en las provincias de Jaén y Sevilla, que representan la mitad de los subsidios. También resalta el escaso peso de las dos provincias con mayor orientación hortofrutícola como son Huelva y Almería.

Respecto al proceso de integración cooperativa en España, hay que señalar que comenzó de forma más tardía que en Europa y que aún queda un largo camino para considerarlo terminado. Cabe destacar que, en muchos de los países que han experimentado procesos de concentración cooperativa más intensos, la intervención pública ha sido muy reducida. En algunos de ellos ni siquiera existen leyes específicas de cooperativas. En el mismo sentido, los respectivos organismos de la competencia tampoco han entorpecido un proceso que ha dado lugar, en algunos casos, a empresas que pueden controlar más del 60 % de la cuota de mercado para determinados productos.

Por otro lado, el marcado carácter profesional y empresarial de los socios que integran las cooperativas del centro y norte de Europa y que tienen muy presentes en la toma de decisiones que afectan a su explotación y a su cooperativa la eficiencia y la rentabilidad han sido factores claves para llegar a la situación actual de elevada concentración del sector cooperativo en esos países. Los aspectos emotivos y territoriales no han supuesto un freno para la integración de cooperativas.

En cualquier caso, en estos últimos años se ha intensificado notablemente el debate sobre este asunto en España y, aunque de manera muy lenta, ya se han empezado a dar los primeros pasos con algunos proyectos de fusión que están dando lugar a empresas más grandes, con mayor vocación comercial, que prestan mejores servicios a sus socios y que les proporcionan un mayor valor añadido.

Este incipiente proceso, junto a la continua profesionalización de los agricultores y la mayor dimensión de sus explotaciones, puede provocar una aceleración del movimiento de integración a corto y medio plazo. Porque, cada vez más, los socios de las cooperativas españolas y andaluzas también tendrán en cuenta en sus decisiones los criterios económicos frente a la discusión sobre dónde se situará la sede social o quién será el presidente o consejero de la entidad resultante.

En resumen, aunque de forma tardía, el proceso de integración coooperativa en Andalucía y España ha comenzado, siendo la búsqueda de mayores utilidades para los socios, la satisfacción de las demandas de los consumidores y la profesionalización de los primeros eslabones de la cadena los objetivos a conseguir en el corto y medio plazo.

 

En el Blog de FEDEA Nada es Gratis, Gerard Llobet dedica una entrada al Proyecto de Ley de la Cadena Alimentaria, aprobado recientemente por el Gobierno.

Su opinión se alinea con la defendida por la CNC en su famoso informe al anteproyecto de ley, en el que desmontaba muchos de los supuestos en los que se basaba el proyecto y lo dejaba seriamente tocado. Traigo a colación este artículo porque siempre me ha parecido interesante conocer todos los puntos de vista y en éste hay algunas cuestiones reseñables.

La idea de fondo es que la mejor regulación es la que no existe y, en cado de que tenga que existir, debe ser  lo más neutra posible. Cuestión con la que yo podría llegar a estar de acuerdo si no fuera por un par de cuestiones, No estamos tratando con bienes normales, la agricultura no sólo provee bienes para el mercado, sino también algunos servicios de no mercado que no están siendo remunerados (o no en todos los casos) ante la dificultad de privatizar el uso de los mismos (sí, me refiero a los servicios ambientales).

Y, por otro lado, hay que asumir que disponer de una producción agraria propia es una cuestión estratégica. Posiblemente, lo más eficiente para un país como España sería subcontratar la defensa nacional a algún ejército más eficiente que el nuestro. Por ejemplo, el de Estados Unidos. Sin embargo, a nadie se le ocurre proponerlo por razones obvias. ¿No se dan cuenta de que el suministro alimentario ha sido desde siempre una cuestión de carácter estratégico para los ejércitos y los pueblos en guerra?

Por último, asumiendo que la PAC pueda estar distorsionando algunos mercados agrarios, lo cierto es que esto no es verdad en todos los casos, pero en nuchos de ellos se ha estado vendiendo producto por debajo de los costes de producción primaria, siendo el caso más llamativo el de la leche, pero lo mismo pasa todos los años en algunos momentos de la campaña con las hortalizas y éstas no están precisamente protegidas por la denostada PAC.

En fin, recomiendo su lectura y la de los comentarios que han realizado los lectores, que suponen un interesante debate al respecto.

Ya he comentado en otras ocasiones la importancia de alcanzar una dimensión mínima con respecto a las empresas de comercialización de frutas y hortalizas, de forma que estén capacitadas para hacer frente a las presiones y, lo que es más relevante, a las demandas de la Gran Distribución.

Pues bien, una reciente encuesta llevada a cabo por un equipo de la Universidad de Almería (y que en breve estará disponible) entre empresas comercializadoras de esta provincia, viene a aportar más evidencias sobre esta cuestión. Uno de los resultados que más me ha llamado la atención es que las empresas más grandes afirman que su planificación toma como referencia las demandas de los minoristas. Por el contrario, las empresas más pequeñas tienen a tomar como referencia de partida las producciones de sus proveedores (los agricultores).

Bien saben los que me han leído alguna vez la importancia que este “juntanúmeros” le da a la profesión de agricultor (siendo la poca relevan relevancia social de la misma una de las posibles causas de la relativa debilidad en la que se encuentran en este momento). Sin embargo, también creo que la única agricultura posible es la que tiene en cuenta lo que quieren los consumidores, por encima de las preferencias de los propios agricultores. Aunque pueda suceder que el mix propuesto por ellos sea de más calidad objetiva. El consumidor, si no está informado previamente, tendrá unos valores que posiblemente no serán coincidentes con las de los productores (y es según éstos como toma sus decisiones de compra). En este sentido, es mucho más probable que sobreviva una empresa que objetiva su programación pensando en el mercado (la demanda) que otra que lo haga pensando en los agricultores (la oferta).

Hay otra cuestión en la que se diferencian las grandes de las pequeñas. Se trata del I+D+i. Aunque ni unas ni otras reconocen tener capacidades propias para llevarlo a cabo, de las respuestas se desprende que las grandes sí que llevan a cabo procesos de desarrollo, bien colaborando con otras empresas, bien buscando el apoyo de la universidad u otros centros de investigación.

Vemos, por tanto, que en los mercados cada vez más globalizados de nuestro presente, el tamaño importa. Y mucho. Como ya dejaran claro otras investigaciones, en el ámbito agroalimentario la dimensión en el primer tramo de la cadena de suministro es una cuestión clave. Por eso hay una fuerte correlación entre el grado de concentración de las ventas minoristas de alimentos y el tamaño medio de las cooperativas a lo largo y ancho de los estados europeos. No es casualidad, sino causalidad. Cuando en un mercado, una parte de los agentes logra una dimensión que le permite establecer de forma casi unilateral las condiciones del mismo, la ganancia de tamaño se convierte en una cuestión de supervivencia para los demás. Aunque, ojo, a estas alturas de la película, la ganancia de tamaño no lo es todo; además hay que ser eficiente e innovador (aunque eso siempre ha sido así).

 

Hace muchos años leí un libro del Nobel de economía Gary Becker en el que se incluía un capítulo 5, titulado Economía del sexo. El arranque de dicho capítulo venía a decir algo tal que así: "si es usted el lector tipo de este libro, habrá comenzado a leer por este capítulo, no obstante sería mejor que lo hiciera por el principio". La palabra sexo está en el título de este artículo sólo para llamar la atención y por el paralelismo con la película de Soderbergh (Sexo, mentiras y cintas de vídeo, 1989).

También es para que el lector se haga una idea meridiana de la idea de fondo. La etiqueta dice una cosa, pero el contenido no es exactamente eso. Y en este sentido, el escándalo de las hamburguesas destapado por la OCU es muy similar. La organización de consumidores dice que ninguna de las marcas analizadas supone un peligro para los consumidores, pero que la información de los etiquetados no es correcta en casi todas ellas y que se han encontrado otros tipos de carnes distintas a las anunciadas.

Como he comentado en otras ocasiones, junto con el mercado financiero y el sanitario, el de la alimentación es uno de los que más interrelacionados están con la confianza, hasta el punto que no es arriesgado decir que es ésta es su principal materia prima. El problema de la crisis de las hamburguesas no es que haya riesgo sanitario (que no lo hay), sino que los consumidores se han sentido engañados, que se ha roto su confianza.

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Hace dos días asistí a la última sesión del Observatorio Económico de Andalucía (@OEAndalucia) en el que intervenía como ponente Gonzalo Solana, director de la Cátedra Nebrija-Santander de Dirección Internacional de Empresas y, entre otras cosas, expresidente del Tribunal Nacional de la Competencia y exdirector del Servicio de Estudios del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España.

Fue una charla de sesgo optimista, puesto que el ajuste de la balanza comercial española se ha realizado en 3 años pero sin contar con la “manija de la devaluación”. Esto significa que, a diferencia de otras ocasiones, una gran parte de dicho ajuste se ha debido a una ganancia de competitividad de las empresas españolas mucho más profunda y real que la que se aporta vía precios en la devaluación, en el sentido de que los efectos deberían ser más estructurales.

En teoría, no le falta razón. El recurso a las devaluaciones competitivas ha sido siempre una salida “fácil” de las crisis, ya que abarata los bienes nacionales en los mercados internacionales al mismo tiempo que encarece las importaciones. Sin embargo, a cambio, se produce un empobrecimiento inmediato de la sociedad nacional (sí, eso también está pasando ahora, pero por diferentes motivos) y suele ir perdiéndose dicha ventaja por la vía de la inflación. Solana mantiene que esta vez es distinto y que es posible que esta mejora de la competitividad sea de mayor alcance que en crisis pasadas. Apoya esta tesis con datos que denotan un aumento de la diversidad geográfica de nuestras exportaciones (con un peso creciente de las ventas a economías emergentes), pero también sectorial (con cada vez más sectores productivos accediendo a los mercados internacionales).

El pero, siempre hay un pero, es que nuestra empresa media es menor que la media del resto de Europa (y de una parte importante del mundo). Y el tamaño es uno de los factores más vinculados a la probabilidad de internacionalización de las empresas, ya que se relaciona directamente con el acceso a la financiación y a los recursos especializados (entre ellos los humanos) para poner en marcha procesos de internacionalización empresarial (véase a este respecto el informe que realizamos desde Fundación Cajamar sobre la dimensión de las industrias alimentarias españolas).

Si pensamos ahora en el sistema agroalimentario, nos daremos cuenta de que el factor dimensión no sólo es necesario para la internacionalización, sino que desde hace años se ha convertido en una condición previa para la supervivencia. Además, una vez ha quedado claro que el sector no puede contar con la aquiescencia de las autoridades de la competencia, y que la Ley de la Cadena Agroalimentaria que pretendía un reequilibrio del poder a lo largo de la misma, tendrá que ser muy recortada si quiere alguna vez entrar en vigor; las alternativas son más evidentes que nunca.

Durante siglos, los agricultores y ganaderos podían vender su producción en los mercados locales: la demanda era escasa, la sociedad era muy rural y el marketing no se había inventado.  Pero la urbanización y la desagrarización de las economías cambiaron definitivamente todo eso. Las cadenas de suministro se estiraron y surgió el modelo del monocultivo y la especialización (al modo de la incipiente sociedad industrial). Aquello ha desembocado hoy en un mercado muy globalizado en el que los agentes de los últimos eslabones de la cadena son grandes conglomerados empresariales, que ejercen un mandato de hierro sobre la cadena aguas arriba.  Por otra parte, las necesidades de los consumidores se han ampliado y se han ido haciendo cada vez más complejas, hasta el punto de que se requieren inversiones cada vez más cuantiosas para dar satisfacción a las mismas.

En un panorama así, el pequeño está condenado a malvivir o a hiperespecializarse en un nicho concreto de mercado. Pero el nicho, por definición, es muy pequeño y no puede dar cabida a todos los productores. La mayor parte de los mismos están abocados, por tanto, a crecer o desaparecer. La cooperativización de actividades ha sido desde siempre una fórmula muy utilizada en el campo, y aún hoy puede y debe seguir jugando un papel relevante. Pero es evidente que no puede ser a base de un tejido de muchas cooperativas de pequeño tamaño y escaso alcance. Deberíamos optar por un modelo similar al nórdico: grandes cooperativas con amplitud de productos y servicios, altamente internacionalizadas y profesionalizadas.

Resumiendo, el acceso a los mercados de exportación (preferiblemente a los de elevado crecimiento o emergentes) y el aumento de la dimensión media de las empresas agroalimentarias españolas se convierte en un diptongo al que hay que aspirar, al menos si las inercias económicas, institucionales y políticas no cambian radicalmente a corto plazo. Insisto, en ese contexto la cooperativa tiene hoy más sentido que nunca, pues es un mecanismo de dimensionamiento rápido. Eso sí, también se precisa tener visión y decisión, y se necesita de forma estructural, como la competitividad de la que hablábamos al principio.

Decíamos que la concentración de la oferta en el tramo inicial de la cadena agroalimentaria era condición necesaria pero no suficiente para el equilibrio de la misma…

Decíamos que la diferenciación y la incorporación de valor añadido a los productos, a pesar de los pesares y de las marcas de distribuidor (cada vez menos blancas), es la vía principal para lograr la supervivencia de todos los agentes de la cadena…

Decíamos que la incorporación de nuevas tecnologías es posible, deseable y rentable en muchos segmentos, actividades y funciones de la cadena…

Decíamos que a falta del pan del consumo nacional (muy, muy deprimido por la situación de crisis y por la falta alarmante de expectativas), buenas son las tortas de la exportación, porque éstas compensan la cuenta de resultados y obligan a las empresas a innovar...

Decíamos que la mejora de la productividad sólo es posible con inversión, pero que la inversión sólo es posible cuando hay expectativas favorables y crédito disponible en tiempo y coste…

Decíamos que la confianza es la piedra de toque de la cadena agroalimentaria, que ésta se debe garantizar en casa una de los diversos segmentos de la misma y que deben existir protocolos de control de la misma. Y que todos deben cumplirla en la medida de sus responsabilidades…

Decíamos que la calidad y el precio son los principales factores en los que se fija un consumidor agobiado por la crisis, pero no los únicos: hay otras cuestiones que pueden ponerse en valor como las producciones ecológicas o, por ejemplo, el carácter cooperativo y netamente social de muchos de los productos.

Decíamos que España es una potencia agrícola, aunque este hecho no se ve reflejado en los segmentos superiores de la cadena alimentaria…

Y lo seguiremos diciendo en éste 2013. Feliz Año a tod@s...

El informe de la Comisión Nacional de la Competencia sobre el Anteproyecto de Ley de Reequilibrio de la Cadena Alimentaria, de 18 páginas, se puede consultar en Internet. 

Hay que reconocerle a la Comisión que se lo ha currado, ya que es obvio que han estudiado a fondo el proyecto y que han resaltado sus puntos débiles, tal vez incluso con un poco de ensañamiento, pero también armados con poderosos argumentos: la eficiencia económica y el bienestar del consumidor.

De hecho, hay algunos puntos en los que es difícil estar en contra. El MAGRAMA ha optado por un régimen mixto en el que conviven la normativa administrativa con el autocontrol mediante códigos de buenas practicas. Es cierto que suele ser lo uno o lo otro, y que puede resultar un tanto absurdo ese doble régimen. En este sentido la Ley podría reseñar la dirección en que la que debieran ir los mínimos del Código de Buenas Prácticas (uno), si esa es la opción elegida (y por la que parece apostar la CNC), o limitarse a enumerar las obligaciones de los agentes, opción que no parece gustarle demasiado a la Comisión a tenor de sus argumentaciones al respecto de que podría poner en peligro la eficiencia de la cadena y el bienestar de los consumidores.

Por otra parte, hay cuestiones mucho más discutibles. Para empezar, la primera crítica vertida sobre el proyecto y que deja clara por dónde va a ir el resto del documento. Se explica que, dado que se espera una regulación comunitaria al respecto, puede resultar caro para los agentes y para la propia Administración la creación de una normativa que pueda verse modificada a corto plazo o, a lo peor, contradicha. No le faltaría razón a la CNC si no estuviéramos hablando de la UE, una maquinaria perfectamente engrasada para retrasar las decisiones y eternizar el proceso de creación de nueva normativa. Por tanto, esta argumentación no puede contar con mi beneplácito si, como parece, la normativa estatal puede hacer algo ante un problema que no es futuro sino muy presente. Además, supongo que el Ministerio, por inocente que sea, habrá incorporado en su normativa la mayor parte de las cuestiones de las que se estén hablando en Bruselas, precisamente para evitar tener que modificar en lo sustancial su propia legislación a corto plazo.

Asimismo, el informe argumenta que muchos de los comportamientos que se regulan en el Anteproyecto ya están contempladas en otras normativas, y que el problema es que o bien no se aplican o bien ni los agentes que sufren las posibles prácticas abusivas ni las administraciones con capacidad inician los procedimientos establecidos. La verdad es que este argumento es muy potente, pues efectivamente existe una regulación de la competencia amplia en España. Pero también resulta evidente que no está funcionando. Tal vez sea precisamente porque el sistema no es eficiente desde el punto de vista de la distribución adecuada de los beneficios y de las responsabilidades de cada uno, que existan problemas de excesiva tensión en algunas de las partes de la propia cadena. O tal vez sea que los agentes son unos “quejicas” y, en realidad, sólo sea una leyenda urbana que en España se esté vendiendo el litro de leche por debajo de los costes de producción...

Pero, qué hacer. Está claro que la Comisión no parece que se vaya estar conforme con algo más allá que un marco general y la posibilidad de suscribir un código de buenas prácticas (y no 17). Es decir, en la práctica, el poder coercitivo de la ley va a quedar, si nada lo remedia, en agua de borrajas. Esta conclusión tiene dos posibles soluciones, como una ecuación de segundo grado: o se dejan llevar por la melancolía, sobre todo los agentes de aguas arriba, y siguen viéndolas venir cruzando los dedos; o bien se opta por la vía de la concentración y la ganancia de tamaño acelerada en esos mismos tramos de la cadena.

Dicha segunda opción la expresaré mucho más poéticamente jugando con el título de una película de Agustín Díaz Yanes:

Esta mañana hemos estado hablando con los amigos de la Red Chil (vamos, los señores que dan cabida a éste, su servidor escribiente, y a su blog).  Entre los temas que hemos  tratado (han sido muchos, sobre todo en el momento desparrame del café) ha estado el de la cadena agroalimentaria y, más concretamente, el de la láctea.

No es ese un tema que yo conozca, por eso este blog no se llama La Leche y la Locura, pero creo que puede resultar de interés que enumere alguna de las razones que han salido en la conversación para explicar el injustificable desfase entre los precios de la leche y los costes de elaboración de la misma en España.

• Una de las primeras que han salido a la luz es la capacidad de presión de la Gran Distribución sobre los eslabones de la cadena situados aguas arriba. Según este argumento, el desequilibrio de la cadena es en este caso apabullante a favor de los grandes minoristas, obligando a los ganaderos a aceptar precios de pérdidas en sus liquidaciones.
• De este argumento proviene otro en relación a la concepción global del mercado de esa Gran Distribución. La idea es que programan su actividad pensando en global, de forma que allí dónde pueden apretar más lo hacen y, en otros países en los que la oferta o la propia sociedad está más estructurada, pueden ofrecer más dinero por el producto.
• Un tercer argumento es el de la complejidad de la oferta. En el caso de Francia, por ejemplo, la mayor parte de la oferta de leche no va destinada a botella, el producto que menos valor añadido genera, sino que se convierte en derivados lácteos, que es el camino a través del cual los ganaderos obtienen la rentabilidad real de sus explotaciones.
• Inmediatamente, surge una nueva razón posible, la atomicidad de la oferta láctea en España no permite una mayor capacidad de desarrollar productos de valor añadido. Ejemplos que avalen este razonamiento hay muchos, y el caso de las cooperativas norte europeas e irlandesas dejan bastante poco margen para la duda.
• Finalmente, se añadió otra razón, que podríamos englobar en el capítulo de la soberanía alimentaria o del significado estratégico de la alimentación; y es que una parte considerable de la producción de leche líquida en España está actualmente en manos de multinacionales francesas.

Imagino que de todo lo comentado habrá en la situación actual y que no será sencillo encontrar la solución. Porque, además, una parte importante de los factores mencionados están fuera del alcance de los productores. Sin embargo, sí que hay un punto en el que en España (no sólo en la leche, sino en la mayoría de los sectores agrarios) aún tenemos mucho que andar: alcanzar volúmenes de oferta primaria críticos para ser un agente de referencia en los mercados. Es decir, no hemos ni siquiera empezado a reducir la atomización que presentamos en la mayoría de sectores. En este sentido el papel de las cooperativas debe ser fundamental. Ellas son la primera línea de agrupación de la oferta y, si se quiere, la más natural dada la particular conformación de la tenencia de la tierra y de las explotaciones de este país. Sin embargo, las barreras para el logro de dimensiones mayores son también enormes, ya van desde motivos de cultura empresarial o distribución del poder hasta algunos más mundanos cómo la elección de nombre de la nueva entidad (en el cado de fusiones). –Si se me permite la digresión, diré que la enorme diversidad de vírgenes y santos a los que este país presta su devoción es uno de los mayores problemas para la concentración cooperativa­–.

Hace unos años, la Fundación Cajamar editó un estudio capitaneado por el equipo que dirige Juan Julià relativo a los factores de éxito de las cooperativas líderes europeas. Entre los casos estudiados abundaban las cooperativas lácteas y, en todos los casos, los incentivos para la integración cooperativa habían venido desde el mercado. La presión sobre los productores encontró una vía de escape en la unión y en la diversificación de producciones, sin excepción. Hoy, cualquiera de las cooperativas estudiadas en aquel libro factura más que la mitad de las españolas más grandes.

Da que pensar, ¿o no?

Continuamos aquí el análisis de las dos leyes anunciadas en octubre por el MAGRAMA y que, en función de su configuración definitiva, pueden suponer un verdadero revulsivo para la cadena de valor agroalimentaria española:

El principal instrumento que se utiliza para lograr el objetivo de entidades asociativas más grandes y eficientes es el de la “entidad asociativa prioritaria”, un reconocimiento que suponemos concederá el Ministerio y que requerirá de una dimensión mínima y que tendrá carácter supra autonómico, lo que entendemos es indispensable para lograr que el instrumento sea operativo y pueda lograr dimensiones eficientes, superando las barreras que en ocasiones imponen las legislaciones autonómicas. Lograr este reconocimiento para la cooperativa, SAT u Organización de Productores supondrá la prioridad a la hora de obtención de ayudas y beneficios, formación y asistencia técnica, seguros agrarios combinados, procesos de innovación, incorporación de tecnologías y financiación preferente.

Se desconocen de momento los pormenores de esta nueva legislación, pero los mimbres parecen señalar en la dirección correcta. No obstante, se corre el peligro de un diseño de incentivos que facilite la suma de problemas e ineficiencias para el logro de las ayudas y ganar tiempo, antes que la búsqueda de complementariedades y el fortalecimiento de las ventajas competitivas.

Asimismo, la Ley relativa a la cadena agroalimentaria trae consigo la obligación de la formalización de contratos, la prohibición de los pagos comerciales no contemplados en dicho contrato y la libre adhesión a códigos de buenas prácticas. Nada de lo propuesto es nuevo, muchas de las medidas propuestas ya funcionan en otros países. De hecho, aquí se ha optado por un modelo mixto, entre el anglosajón autorregulado y el continental administrado. El objetivo final es que el mercado gane en transparencia, que permita unas relaciones más equilibradas entre los distintos eslabones de la cadena. Y, para que el sistema funcione, se establecen un mecanismo de control (el observatorio de la cadena alimentaria) y un régimen sancionador.

Entendemos que este nuevo andamiaje legal puede contribuir a que el sector agroalimentario español (y especialmente el de origen cooperativo) encare con éxito esta nueva década. No obstante, hay que lograr que lo que hoy son anteproyectos de Ley entren en vigor cuanto antes, a ser posible dentro de esta misma legislatura, y que tanto los incentivos en la Ley de asociacionismo agrario, como las sanciones en el caso de la Ley de mejora de la cadena alimentaria se diseñen con el suficiente tino como para que surtan efecto. También sería de agradecer una unanimidad por parte de los grupos parlamentarios en su aprobación, y que cualquier salvedad por parte de la Comisión Nacional de la Competencia tenga en cuenta la realidad del mercado (como bien define ella mismos en su informe de 2011).

En cualquier caso, se abre ante nosotros una verdadera ventana de oportunidad institucional. Ambas leyes pueden fortalecer nuestro sistema productivo, pueden mejorar su capacidad de resistencia y de resiliencia y, por tanto, no podemos dejar pasar la ocasión. El sector debe transmitir al Ministerio la urgencia de la puesta en marcha de ambas iniciativas legales, al tiempo que prepara sus estructuras para la misma. Nunca antes había existido un clima tan favorable para propiciar el crecimiento dimensional de las empresas comercializadoras.

Pero, al mismo tiempo, no se debe dejar de mimar y cuidar el principal activo toda la cadena: el binomio producto-consumidor.

(Este artículo ha sido publicado inicialmente en El Economista: http://www.eleconomista.es/andalucia/noticias/4372678/11/12/Cadena-alimentaria-ano-0.html )

El 19 de octubre, el Ministerio de Agricultura elevaba al consejo de ministros dos proyectos de ley que tienen potencial para transformar el panorama de nuestra cadena de distribución agroalimentaria. Desde estas páginas se ha mantenido en diversas ocasiones la necesidad (urgente) de tomar medidas que permitieran reequilibrar el poder en la cadena. El éxito de las empresas de distribución minorista les ha llevado a alcanzar un dominio tal que deja potencialmente desprotegidos a los demás agentes aguas arriba.

La comparación con otros países de nuestro entorno pone de manifiesto que el grado de concentración de las ventas minoristas puede ser incluso más amplio que en España. En algunos países nórdicos, sólo 3 cadenas se reparten en torno al 80 por ciento de las ventas. Al mismo tiempo, es precisamente en esos países en los que el movimiento cooperativo agroalimentario ha generado sus especímenes más desarrollados. Se diría que el propio crecimiento de los minoristas ha provocado la reacción en el otro extremo de la cadena.

En España, sin embargo, el panorama es de una concentración creciente de la distribución, que ya ha alcanzado tamaños impresionantes, al tiempo que se mantiene la atomización del resto de los miembros de la cadena, particularmente en el primer eslabón. El informe que en 2011 presento la Comisión Nacional de la Competencia señalaba algunas deficiencias en el funcionamiento de esta cadena e identificaba comportamientos abusivos por parte de la distribución. Fue, posiblemente, la gota que colmó el vaso.

Los objetivos de los dos proyectos de ley son claros. La Ley de fomento de la integración cooperativa busca aumentar el tamaño y la modernización de los agentes del principio de la cadena, mientras que la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena agroalimentaria persigue reequilibrar el funcionamiento de la misma, haciéndola más eficaz y, sobre todo, más transparente. A nadie se le puede escapar la clara relación entre ambas.

La discusión sobre las herramientas de una y otra ley las dejaremos para un momento posterior. Valga ahora insistir en el potencial modificador que estos dos proyectos de ley suponen (siempre que logren sus objetivos) y la constatación de que el Ministerio de Agricultura ha vuelto y está decidido a que se note. Y uno, que aún cree en el poder transformador de las leyes y de las instituciones, se alegra de lo uno y de lo otro.

Han pasado 12 meses. El fantasma de la E. Coli se desdibuja en la memoria, sustituidos aquellos afanes por otros nuevos. El río del tiempo comienza a hacer su trabajo de erosión. Sin embargo, no podemos dejar pasar la oportunidad de extraer algunas enseñanzas y, por otro lado, grabarlas a fuego en nuestras neuronas para no olvidarlas: el olvido es el caldo de cultivo de la siguiente crisis.

En aquellos meses volvió a quedar manifiestamente clara la relación intensa entre confianza y mercado alimentario. Los consumidores urbanos, con escaso conocimiento de las tradiciones y cultura rural, sólo obtienen inputs informativos desde los medios de comunicación y los puntos de venta. Y los medios tienden a destacar lo que sale de la normalidad, lo noticiable. Es obvio que no es noticia decir que el mercado alimentario europeo es uno de los más seguros del mundo (es posible que incluso sea el que más), pero sí lo es un suceso extraño, como fue la contaminación por la bacteria asesina (y, he aquí otro factor noticiable: hay una derivada en términos de vidas humanas).

Periódicamente, la Comisión Europea lleva a cabo un Eurobarómetro sobre cuestiones de seguridad alimentaria. El realizado en 2011 (Gráfico 1), ponía de manifiesto que hay una serie de cuestiones que preocupan de forma recurrente a los europeos. La primera de ella es el tema de los residuos de pesticidas en frutas, verduras o cereales. En este sentido, la estrategia seguida por el sector no puede ser más correcta con la eliminación casi completa del uso de los pesticidas y la adopción masiva del control biológico. Le siguen aspectos similares, pero referidos a la carne y el pescado, temas de calidad y frescura (en los que el buen funcionamiento de la cadena de valor es indispensable) y la presencia de aditivos y conservantes en los platos preparados.

Gráfico 1. Porcentaje de personas preocupadas por diversos problemas de seguridad alimentaria

Fuente: UE. Eurobarómetro, 2011.

Incluso, un tema que parece ya superado (el mal de las vacas locas) aún preocupa a más del 40% de los europeos. Es decir, las alertas alimentarias dejan poso en la memoria de los consumidores y es muy complicado recuperar por completo la confianza una vez pasado el mal momento.

En este sentido, uno de los principales inputs del sector agroalimentario (en todos sus segmentos) es la confianza, casi al mismo nivel que en el sector financiero. Por tanto, cuidarla, alimentarla y protegerla debería ser uno de los fines estratégicos de cualquier empresa o individuo dedicado a este sector. Si dejamos las políticas de generación de confianza sólo para cuando se producen situaciones de crisis, lo más seguro es que los consumidores lo interpreten como un movimiento defensivo natural. Pero si desde los medios de comunicación hasta el punto de venta se preocupan por informar sobre estos aspectos, el consumidor simplemente percibirá un mayor esfuerzo.

Nuestra cuenta de resultados, por desgracia, no lo refleja, pero en cada venta que hacemos hay implícito un ingreso derivado de la confianza de los consumidores en el sistema. Si le defraudamos, no sólo desaparecerá ese ingreso, sino que puede llevar a una situación de crisis a todo un sector. No bajemos la guardia.